El objetivo de la nueva norma es dotar a la UE de una legislación común aplicable a la comercialización y el registro de los medicamentos de terapia avanzada para superar la fragmentación del actual marco juridico.
   La discusión y el previsible acuerdo se alcanzará en el Consejo de Sanidad, en el que participará la ministra Elena Salgado, acompanada por la consejera de Sanidad de la Region de Murcia, Teresa Herranz, en representación de todas las comunidades autonomas.
   En España los hospitales fabrican este tipo de medicamentos y luego los distribuyen por la red de centros sanitarios que dependen de ellos. Por ejemplo, existe un hospital que elabora piel para todos los quemados del país.
   La norma europea establece que, si quieren seguir funcionando así, los hospitales espanoles tendrán que solicitar el registro de los fármacos de terapia avanzada que elaboren a la Agencia Europea de Medicamentos. En caso contrario, deberán dejar de producirlos.
   El ministerio de Sanidad considera que este procedimiento de registro prima a la industria farmaceutica, especialmente a la alemana que elabora el 50% de todos los medicamentos de este tipo de la UE, y por el contrario penaliza a los hospitales, que carecen de una infraestructura y experiencia suficiente para poder realizar los trámites administrativos de esta solicitud.
    España argumenta que no esta justificado solicitar una autorización europea para un producto que es de consumo puramente nacional y no circula por otros Estados miembros.
    En un principio otros paises como Reino Unido, Italia o Polonia apoyaban las reivindicaciones espanolas, ahora estos Estados miembros respaldan el compromiso final presentado por la Presidencia alemana.
   En este sentido, la delegación española puede, bien votar en contra del reglamento, lo que no impediría su aprobación por mayoría cualificada, o, por el contrario, incluir una declaración en la que, de manera unilateral, declare que queda fuera del ámbito de aplicación de la norma la elaboración de medicamentos de terapias avanzadas por hospitales del Sistema Nacional de Salud español para su uso interno.
   Esta declaración no tendría ningún valor jurídico y España podría acabar siendo denunciada ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por las farmaceúticas alemanas por incumplir la legislación comunitaria, según reconocieron las fuentes.